MÁS DE 900 MUERTOS EN EL TRABAJO EN ESPAÑA EN EL 2005
Siniestralidad. (De siniestro). 1. f. Frecuencia o índice de siniestros
Siniestro, tra. (Del lat. sinister, -tri. adj. Avieso y malintencionado.
Queda evidente que es un eufemismo, pero además un eufemismo “siniestro”. 3 obreros muertos cada día en el Estado español no son sucesos aleatorios o azarosos. Son muertos con causalidad demostrada y denunciada por los sindicatos: la subcontratación. La Juventud Comunista acusamos a las subcontrataciones como causa inmediata de los más de 300 trabajadores muertos en lo que llevamos de año en nuestro país y al capitalismo como causa última de toda la miseria y explotación del planeta.
Consideramos que las subcontratas se regulan dentro de un marco legal, político y económico que es el capitalismo neoliberal, por tanto es este sistema basado exclusivamente en obtener la máxima ganancia el culpable de que cada día mueran 3 trabajadores en nuestro país. Y lo denunciamos porque no son infortunios, no arremeten por igual contra toda la población, si no a un sector en especial, la clase obrera, los trabajadores, asalariados, currantes… Los mayores accionistas de Ploder, Azvi y Obras Subterráneas, empresas adjudicatarias de la obra pública de Almuñecar, nunca van a morir al caerse de un andamio. La “función social” de estas empresas no es construir viaductos, sino obtener beneficios. Esa es la lógica empresarial, la lógica del Mercado.
Denunciamos especialmente que sea en obras públicas, pagadas por todos los españoles, donde se produzcan estos “asesinatos involuntarios”, que torturan a miles de familias ya castigadas por la temporalidad, la disminución del salario real y la incertidumbre laboral.
No sólo la subcontratación es la responsable de los accidentes y la precariedad en el empleo, queremos explicar y denunciar a las mutuas patronales de Accidentes de trabajo:
Artículo 41 de la Constitución Española:
“Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.”
Y libres quiere decir privadas. Es aquí donde, desde la dictadura franquista, entran a jugar un papel fundamental y en auge las MPATs: Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo (www.amat.es).
Las Mutuas son asociaciones de empresarios que gestionan con intereses particulares las prestaciones públicas de la Seguridad Social para los trabajadores y desempleados. El Gobierno les da la posibilidad de actuar y cubrir los casos de: incapacidad laboral, invalidez permanente, muerte, viudedad, orfandad, asistencia sanitaria básica, invalidez por enfermedad común, etc., y no se explica el aumento de poder y competencia de las Mutuas sin el apoyo incondicional y cómplice del Estado. Las instalaciones sanitarias no son suyas: aprovechan las públicas. Se supone que son asociaciones sin ánimo de lucro; en verdad mueven cantidades enormes de dinero que recae casi totalmente en la cúpula de sus órganos de gobierno. Además, sería ingenuo afirmar que no existe relación directa entre las mutuas de seguros generales y las de accidentes de trabajo. Tienen médicos contratados temporalmente que no son funcionarios, sino contratados, bajo la presión de la Mutua que conlleva rapidez para despachar a los asegurados, los acortamientos de la bajas por incapacidad, el recorte de los gastos en tratamientos y prescripciones…
Las Mutuas han influido notablemente en los servicios de la SS y en los derechos de los trabajadores. Las aseguradoras privadas contratan a detectives que acechan al trabajador en baja laboral para intentar dar “pruebas presenciales” de su supuesta “no incapacidad” para trabajar, aportando en el juicio testimonios visuales incompletos y manipulados para asegurar, fijaos en la casualidad, la victoria de la empresa contratante en el proceso. Los trabajadores pierden entre el 60-70% de los pleitos por siniestralidad laboral.
A través de los chequeos anuales de los trabajadores se conoce la capacidad real de productividad que tienen y pueden aportar, así los empresarios saben exactamente el estado de salud de sus empleados o los aspirantes, es decir, son renovados, despedidos, contratados o no.
El proceso de producción cada vez es más complejo y arriesgado; requiere de más formación para evitar los accidentes laborales, pero tanto sindicatos como empresarios se lavan las manos, y éstos últimos aumentan sus beneficios al exprimir al trabajador al máximo mediante la falta de preparación, el alargamiento de la jornada o la escasez de medios técnicos en prevención de riesgos laborales. La responsabilidad debe recaer en el empleador y empresario, no en el trabajador
